LIBERTAD DE PRENSA

LIBERTAD DE PRENSA BAJO AMENAZA EN EL PERÚ.

19 de agosto (Expreso).- La Comisión de Constitución y Reglamento acordó por amplia mayoría debatir con carácter prioritario el predictamen del proyecto de ley presentado por la Célula Parlamentaria Aprista a iniciativa de su vocero, José Vargas, y orientado a regular el derecho de rectificación de las personas afectadas por afirmaciones inexactas o injuriosas en los medios de comunicación social. El proyecto señala en su artículo 2 que “la persona afectada por informaciones inexactas e injuriosas realizadas en cualquier medio de comunicación social tendrá derecho a una rectificación…”. Este artículo es ambiguo porque quién califica qué es injurioso o inexacto. Además, bajo esa denominación pueden fácilmente esconderse intereses que buscan ocultar la verdad o tapar actos de corrupción. Al señalar en su artículo 7 que si en los plazos señalados no se hubiera publicado o difundido la rectificación, el afectado podrá interponer una acción de amparo, judicializando así la acción de rectificación e introduciendo un recurso que serviría en la práctica para tener jaqueados a los periodistas y a las empresas. El proyecto, como todos los de su tipo en el Perú y el mundo, constituye una velada amenaza a la libertad de prensa, tal como lo demuestra la historia del Perú y la realidad de otros países, entre ellos Venezuela, en donde bajo el pretexto de defender derechos ciudadanos o honras supuestamente difamadas, se norma el ejercicio de la libertad de prensa, amordazándola o cercenándola. El acuerdo fue tomado en la primera sesión de trabajo legislativo realizada bajo la conducción de su titular, Mercedes Cabanillas, con la solitaria oposición del vicepresidente, Édgard Reymundo, por considerar “inoportuno” que el polémico tema sea el primero en ser tratado al inicio de las actividades legislativas de la comisión. Sin embargo, los congresistas Javier Valle-Riestra y Martha Moyano coincidieron en declarar que se trataba de un tema de suma importancia que debía merecer especial atención y aclararon que el proyecto no estaba dirigido contra los hombres de prensa sino contra los excesos de algunos medios. Por su parte Raúl Castro dijo que prefería tener una prensa errada, equivocada, pero libre y no sometida.

Responsabilidad Civil: coacción encubierta

En su artículo 6, el más controversial, el proyecto del vocero del APRA amplía la responsabilidad civil que podría establecer el Poder Judicial en un proceso a la empresa periodística y no sólo al periodista, como sucede en la actualidad. Este cambio supone una coacción indirecta al medio al presionar económicamente a la empresa, lo cual constituye una intromisión intolerable y peligrosísima en un tema delicado como la libertad de prensa. De otro lado, Vargas señala que en la actual legislación una persona que se considera afectada en su honor por un medio de prensa tiene 15 días para enviar su rectificación; el proyecto acorta ese plazo a 10 días. Sin embargo, no precisa si al excederse en ese plazo le queda vedado el camino judicial. En cuanto al plazo que el medio tiene para acoger la rectificación, en la actualidad éste es de 10 días; el proyecto propone modificarlo a 3.