DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

PROYECTO DE LEY N. 04187/2010-PJ: Proponen modificar los artículos 376, 384, 387, 388, 389, 400 y 401 del Código Penal, reforma de los delitos contra la administración pública. (03/08/10).

Artículo 1. Modificación de los artículos 376, 384, 387, 388, 389, 400 y 401 del Código Penal
Modifíquese los artículos 376, 384, 387, 388, 389, 400 y 401 del Código Penal, con los textos siguientes:

“Artículo 376. Abuso de autoridad.

El funcionario público que, abusando de sus atribuciones, comete u ordena un acto arbitrario que cause un grave perjuicio a alguien será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres años.

Si los hechos derivan de un procedimiento de cobranza coactiva, la pena privativa de libertad será no menor de dos ni mayor de cuatro años.

Artículo 384. Colusión
El funcionario o servidor público que interviniendo directa o indirectamente en cualquier etapa de las modalidades de adquisición o contratación pública de bienes o servicios, se coludiera con los interesados, para defraudar al Estado o entidad u organismo del Estado, según ley, será reprimido con una pena no menor de cuatro ni mayor de quince años.

Artículo 387. Peculado doloso y culposo
El funcionario o servidor público que se apropia o utiliza en cualquier forma, o consiente que un tercero, se apropie o utilice caudales o efectos públicos, cuyo valor sobrepase dos Unidades Impositivas Tributarias y cuya percepción, administración o custodia le estén confiados por razón de su cargo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de ocho años.

Si los caudales o efectos, independiente de su valor, estuvieran destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo social, la pena privativa de libertad será no menor de cuatro ni mayor de diez años.

Si el agente, por culpa, da ocasión a que se efectúe por otra persona la sustracción de caudales o efectos, cuyo valor sea mayor a dos remuneraciones mínimas vitales, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años o con prestación de servicios comunitarios de veinte a cuarenta jornadas. Si los caudales o efectos, independientemente de su valor, estuvieran destinados a fines asistenciales o programas de desarrollo o apoyo social, la pena será privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cinco años.

Artículo 388. Peculado de uso
El funcionario o servidor público que, para fines ajenos al servicio, usa o permite que otro use vehículos, máquinas u otros instrumentos de trabajo, afectando gravemente el servicio o la función encomendada, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años.

Esta disposición es aplicable al contratista de una obra pública o a sus empleados, cuando los efectos indicados en el párrafo anterior pertenecen al Estado o a cualquier dependencia pública, independientemente del grado de afectación de la obra.

No están comprendidos los vehículos motorizados destinados al servicio personal por razón del cargo.

Artículo 389. Malversación de fondos
El funcionario o servidor público que da al dinero o bienes que administra una aplicación definitiva diferente de aquella a los que están destinados, afectando gravemente el servicio o la función encomendada, será reprimida con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años.

Si el dinero o bienes que administra corresponden a programas de apoyo social, de desarrollo o asistenciales, la pena privativa de libertad será no menor de tres ni mayor de ocho años.

Artículo 400. Tráfico de influencias
El que solicite, recibe, hace dar o prometer, para sí o para otro, cualquier ventaja o beneficio, por el ofrecimiento, real o simulado, de interceder ante un funcionario o servidor público que haya conocido, esté conociendo o vaya a conocer, un caso judicial o administrativo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años.

Si el agente es funcionario o servidor público, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años e inhabilitación conforme los artículos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal.

Artículo 401. Enriquecimiento ilícito.

El funcionario o servidor público que, abusando de su cargo, incrementa ilícitamente su patrimonio, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez años.

Si el agente es un funcionario público que haya ocupado cargos de alta dirección en las entidades u organismos de la administración pública o empresas estatales, o esté sometido a la prerrogativa del antejuicio y la acusación constitucional, la pena será no menor de ocho ni mayor de dieciocho años.

Se considera que existe indicio de enriquecimiento ilícito cuando el aumento del patrimonio y/o del gasto económico personal del funcionario o servidor público, en consideración a su declaración jurada de bienes y rentas, es notoriamente superior al que normalmente haya podido tener en virtud de sus sueldos o emolumentos percibidos o de los incrementos de su capital o de sus ingresos por cualquier otra causa lícita.”

ARTÍCULO 2. Incorporación de los artículos 393-A y 397-A al Código Penal.
Incorpórese los artículos 393-A y 397-A al Código Penal, con los textos siguientes:

“Artículo 393-A. Soborno internacional pasivo
El funcionario público extranjero o de una organización internacional pública que solicite directa o indirectamente, cualquier ventaja o beneficio para realizar u omitir un acto en el ejercicio de sus funciones oficiales, en violación de sus obligaciones, o las acepte a consecuencia de haber faltado a ellas, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de ocho años.

Artículo 397-A. Soborno internacional activo
El que, bajo cualquier modalidad, ofrece, da o promete a un funcionario público extranjero o de una organización internacional pública, cualquier ventaja o beneficio, para que realice u omita actos en el ejercicio de sus funciones oficiales, que permita al agente conseguir o conservar un contrato u otro beneficio indebido, en relación con la realización de actividades económicas internacionales, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES

Disposiciones complementarias

Primera.- Constituye infracción administrativa las conductas contempladas en los artículos 387, 388 y 389 del Código Penal cuando el valor de los caudales o efectos públicos, dinero o bienes no exceda de dos Unidades Impositivas Tributarias. El funcionario o servidor público será sancionado con destitución, despido o resolución contractual y no podrá reingresar a ninguna entidad del Estado por espacio de cinco años. También podrá imponerse suspensión no mayor de dos años; o, multa no menor de cinco días ni mayor de sesenta días multa.

Segunda.- EL órgano o institución pública al que pertenece el funcionario o servidor público es la autoridad competente para declarar y sancionar la comisión de las infracciones administrativas descritas en el artículo anterior.

El procedimiento sancionar es el estipulado en lo pertinente, en las leyes de la materia.

Disposición final

Única.- Reglamentación
El procedimiento para la imposición de sanciones conforme a la Primera Disposición Complementaria de la presente Ley, deberá ser reglamentado mediante Decreto Supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros en un plazo no mayor de sesenta (60) días calendario, contando a partir del día siguiente de su publicación, a fin de desarrollar e incorporar todas disposiciones que, con pleno respecto de la garantía del debido proceso y de lo establecido en las leyes de la materia.