CASO BARRIOS ALTOS VS. PERÚ SUPERVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA

RESOLUCIÓN DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

∗DE 7 DE SEPTIEMBRE DE 2012 

 

CASO BARRIOS ALTOS VS. PERÚ SUPERVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA

 

 

Conclusión de la Corte 

En suma, la Corte valora que el Perú ha llevado a cabo avances importantes en elcumplimiento de la medida de reparación correspondiente al deber de investigar los hechospara determinar las personas responsables de las violaciones de los derechos humanos a losque se hizo referencia en la Sentencia de fondo, así como divulgar públicamente los resultados de dicha investigación y la sanción de los responsables.

 

En sentido contrario, los representantes y el Estado, así como la Comisión Interamericana, han coincidido en manifestar que la Ejecutoria Suprema emitida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia el 20 de julio de 2012 es incompatible con los compromisos adquiridos por el Perú al ratificar la Convención Americana sobreDerechos Humanos, así como que la misma generaría un incumplimiento de lo ordenado poreste Tribunal en las Sentencias emitidas en el presente caso. El Estado, además, ha indicado que dicha decisión es objeto en la actualidad de una demanda de amparo presentada por la Procuraduría Pública Especializada en Materia Constitucional del Ministeriode Justicia y Derechos Humanos, y que “la citada acción de garantía constitucionalconstitu[iría] un remedio adecuado para lograr la nulidad de la Ejecutoria Suprema”.

 

La Corte concuerda con las partes en cuanto a que dicha decisión, si no es subsanada como consecuencia de la acción de amparo, presentaría serios obstáculos para la consecución de la medida de reparación ordenada que atañe al deber de investigar los hechos del presente caso. En esta línea, es dable considerar que si se emiten decisiones internas que controvierten o desvirtúan el previo reconocimiento estatal, así como las consideraciones de la Corte y las sentencias emitidas a nivel interno en cumplimiento de loo rdenado por este Tribunal, entonces se mantiene la violación del derecho de las víctimas o sus familiares a obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios, a través de la investigación, juzgamiento y sanción de todos los responsables, en términos de lo dispuesto por este Tribunal en cuanto a la violación de los artículos 8 y 25 de la Convención y, por ende, no se daría cumplimiento a la Sentencia.

 

La Corte estima que, de no subsanarse las causas que podrían generar impunidad, a través de los mecanismos internos disponibles y conducentes, se estaría incumpliendo conlo ordenado por este Tribunal. Es por ello que, de ser el caso, la Corte podrá emitir en su debida oportunidad un pronunciamiento sobre los efectos jurídicos de cualquier resolución dictada en el marco de las investigaciones del presente caso y mantendrá, en consecuencia, abierta la supervisión de dicha medida de reparación.

 

La buena fe del Estado en el cumplimiento de las obligaciones respecto de las cuales ha asumido su compromiso como Parte de la Convención Americana son garantía de sujeción a lo ordenado en las Sentencias concretas que lo involucran y a la jurisprudencia de la Corte que interpreta y aplica los derechos contenidos en dicho tratado. A partir de estas consideraciones de la Corte, los tribunales internos están obligados a removercualquier práctica, norma o institución procesal inadmisible en relación con el deber de investigar graves violaciones a los derechos humanos. Es preciso entonces que las autoridades judiciales respectivas analicen detenidamente las circunstancias y el contexto específico de cada caso para no generar una restricción desproporcionada a los derechos de las víctimas.

 

Al supervisar el cumplimiento de los puntos pendientes en este caso, la Corte valora la información presentada por las partes durante la audiencia celebrada al efecto. La Corte considerará el estado general del cumplimiento de los puntos pendientes de las Sentencias dictadas en el presente caso, una vez que reciba la información pertinente.

 

 POR TANTO:

En el ejercicio de sus atribuciones de supervisión del cumplimiento de sus decisiones y deconformidad con los artículos 33, 62.1, 62.3, 65, 67 y 68.1 de la Convención Americanasobre Derechos Humanos, 24 y 30 del Estatuto, y 31.2 y 69 de su Reglamento.

 

DECLARA QUE:

 

1. Dada la información presentada y las consideraciones de la Corte en la presenteResolución, aún no se ha dado cumplimiento total al deber de investigar los hechos paradeterminar las personas responsables de las violaciones de los derechos humanos a los quese hizo referencia en la Sentencia de fondo, así como divulgar públicamente los resultadosde dicha investigación y la sanción de los responsables (punto resolutivo quinto de la Sentencia de fondo de 14 de marzo de 2001).

 

2. Mantendrá abierto el procedimiento de supervisión de cumplimiento de los siguientespuntos pendientes de acatamiento:

 

 a) el deber de investigar los hechos para determinar las personas responsablesde las violaciones de los derechos humanos a los que se hizo referencia en laSentencia de fondo, así como divulgar públicamente los resultados de dichainvestigación y la sanción de los responsables (punto resolutivo quinto de la Sentencia de fondo de 14 de marzo de 2001).

Programa de Acción quinquenal ONU

II. Prevención

1. Apoyar la elaboración y aplicación de planes nacionales de reducción de los riesgos de desastres que aborden los crecientes desafíos que representa el cambio climático, la degradación del medio ambiente, la urbanización y el crecimiento demográfico. Se debería hacer hincapié en especial en los países menos adelantados y más vulnerables, en particular proporcionando una plataforma para la cooperación Sur-Sur y facilitando el uso de métodos y tecnologías innovadores.

2. Dar prioridad a las medidas de alerta temprana y acción temprana para prevenir los conflictos violentos mediante:

• La elaboración de mapas, la vinculación, reunión e integración de información de todo el sistema internacional.
• El apoyo a las capacidades nacionales para la facilitación y el diálogo.
• Las medidas para garantizar que los servicios de interposición de buenos oficios, mediación, respuesta ante las crisis y consolidación de la paz de las Naciones Unidas puedan desplegarse de manera fácil y rápida.

3. Promover un enfoque de prevención para los derechos humanos mediante:

• La elaboración de un marco normativo que determine los elementos básicos necesarios para prevenir violaciones de los derechos humanos.
• El establecimiento de una matriz de prevención que registre los progresos y las deficiencias en el uso de una gama de instrumentos de derechos humanos.
• La promoción del programa sobre la responsabilidad de proteger.

4. Crear resiliencia ante las conmociones económicas y financieras externas ayudando a los países a detectar rápidamente las vulnerabilidades y adoptar redes y políticas de seguridad social adecuadas que promuevan el crecimiento impulsado por el empleo.

Programa de Acción quinquenal ONU

I. Desarrollo sostenible

1. Acelerar los progresos en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio:

• Lograr que el mundo esté en condiciones de cumplir los objetivos de reducción de la pobreza centrándose en las desigualdades, haciendo esfuerzos particulares en los países con necesidades especiales y aquellos que no han logrado progresos suficientes.
• Completar el impulso final a fin de eliminar para 2015 los fallecimientos por las principales causas de mortalidad: la malaria, la poliomielitis, las nuevas infecciones pediátricas por el VIH, el tétanos materno y neonatal y el sarampión.
• Aplicar plenamente la estrategia mundial sobre la salud de las mujeres y los niños para salvar decenas de millones de vidas, en particular mediante la prestación de servicios de salud reproductiva a fin de atender necesidades mundiales no cubiertas.
• Realizar el potencial de las generaciones actuales y venideras poniendo fin a la tragedia oculta que supone el retraso del crecimiento de casi 200 millones de niños mediante la movilización de recursos financieros, humanos y políticos acordes con ese desafío.
• Estimular el progreso generacional mediante la catalización de un movimiento mundial para lograr una educación de calidad, pertinente y universal para el siglo XXI.

2. Hacer frente al cambio climático::

• Facilitar las medidas de mitigación y adaptación sobre el terreno:
  • Promover la financiación para actividades relacionadas con el clima mediante la puesta en marcha del Fondo Verde para el Clima y colocar fondos públicos y privados en una trayectoria tal que se alcance la suma convenida de 100.000 millones de dólares para 2020. Garantizar la aportación efectiva de toda la financiación acelerada. Aumentar la comprensión sobre los costos económicos del cambio climático y las necesidades financieras correspondientes, en particular mediante la elaboración de mapas de focos de vulnerabilidad regionales y subregionales.
  • Facilitar y aplicar los acuerdos para reducir las emisiones debidas a la deforestación y la degradación forestal (REDD+) para proteger los bosques, y sostener los medios de vida de las personas que dependen de ellos.
• Para 2015, lograr un acuerdo amplio sobre el cambio climático aplicable a todas las partes con valor jurídico en virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
• Fortalecer, defender y utilizar la ciencia relacionada con el clima para formular y promover políticas basadas en pruebas.

3. Forjar un consenso sobre un marco de desarrollo sostenible después de 2015 y aplicarlo:

• Definir una nueva generación de objetivos de desarrollo sostenible basándose en los Objetivos de Desarrollo del Milenio y esbozar una hoja de ruta para que la examinen los Estados Miembros.
• Movilizar al sistema de las Naciones Unidas para apoyar estrategias mundiales, regionales y nacionales a fin de abordar los pilares del desarrollo sostenible:
  • Energía: Movilizar una coalición amplia integrada por múltiples partes interesadas alrededor de la iniciativa Energía Sostenible para Todos a fin de lograr acceso universal a servicios de energía modernos, duplicar la tasa de mejoras de la eficiencia energética y duplicar el porcentaje de energía renovable en el conjunto de fuentes de energía utilizadas en el mundo, todo ello para 2030.
  • Alimentación y nutrición: Adoptar objetivos convenidos mundialmente para la seguridad alimentaria y de la nutrición, movilizar a todas las partes interesadas principales para que presten apoyo a los pequeños agricultores y procesadores de alimentos y aumentar la resiliencia de las comunidades y las naciones que experimenten crisis alimentarias periódicas.
  • Agua: Lanzar y ejecutar una iniciativa en todo el sistema de las Naciones Unidas para proporcionar acceso universal a agua potable y saneamiento adecuado en todo el mundo.
  • Océanos: Acordar un pacto sobre los océanos que aborde la pesca excesiva y la contaminación mediante una mejor gobernanza de los océanos y hábitats costeros y la elaboración de un marco institucional y jurídico para la protección de la biodiversidad de los océanos.
  • Transporte: Reunir a las empresas de transporte aéreo, marítimo, por ferry, ferroviario, por carretera y de transporte público urbano con los gobiernos y los inversores a fin de elaborar recomendaciones y adoptar medidas sobre sistemas de transporte más sostenibles que puedan hacer frente a la creciente congestión y contaminación en todo el mundo, en particular en zonas urbanas.
  • Trabajar con los Estados Miembros para que la Antártida sea una reserva natural mundial.

Programa de Acción quinquenal del Secretario General

«El futuro que queremos»

El Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, presenta plan de acción de la ONU para los próximos cinco años

El Secretario General de la ONU presentó a la Asamblea General un plan de acción de un lustro en el que destacó cinco temas a los que les dará prioridad durante su segunda gestión al frente de las Naciones Unidas.

«Primero, el desarrollo sostenible; segundo, la prevención de conflictos y desastres, los abusos de derechos humanos y los retrocesos en el desarrollo; tercero, la construcción de un mundo más seguro, que incluya los principios fundamentales de la democracia y los derechos humanos; cuarto, apoyar a las naciones en transición; y quinto, trabajar para las mujeres y los jóvenes», dijo Ban Ki-moon.

Señaló que, en un mundo de siete mil millones de personas, los indicadores ambientales, económicos y sociales muestran que el modelo actual de progreso es insostenible y que el cambio climático contribuye a destruirlo.

«El desarrollo sostenible es la mejor oportunidad para ajustar nuestro rumbo. Es por eso que he colocado a este tema como prioridad número uno», sostuvo el Secretario General.

Agregó que el éxito ante este desafío dependerá de cómo se afronten los asuntos relacionados con el cambio climático.

Subrayó que Naciones Unidas es el foro ideal para resolver todos estos temas, ya que es el único que representa a todos los pueblos y abarca todos los asuntos del planeta.

«Ahora es el momento. Ahora es nuestro tiempo de crear el futuro que queremos», concluyó Ban Ki-moon.

PLENO JURISDICCIONAL NACIONAL COMERCIAL SE REALIZÓ CON ÉXITO EN LA CIUDAD DE CHICLAYO

El pasado 24 y 25 de agosto de 2012 en el Hotel “Costal del Sol” de la ciudad de Chiclayo se desarrolló el Pleno Jurisdiccional Nacional Comercial, el cual contó con la participación de jueces superiores de los 31 Distritos Judiciales del país.

El evento fue inaugurado por el doctor Vicente Rodolfo Walde Jáuregui, Juez Supremo Titular, Miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y Presidente del Consejo Consultivo del Centro de Investigaciones Judiciales, en representación del señor Presidente del Poder Judicial, Dr. César San Martín Castro.

En su discurso inaugural exhortó a los jueces participante mayor y mejor esfuerzo para alcanzar el objetivo central de los Plenos Jurisdiccionales, “la unificación de criterios jurisdiccionales” sea cumplido, a fin de mejorar no sólo la calidad de las resoluciones judiciales impartidas por nuestros jueces, sino también la calidad del servicio brindado al justiciable, ávido de justicia pronta, eficaz y confiable.

Por su parte, el Dr. Carlos Alfonso Silva Muñoz, Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, brindo las palabras de bienvenida y el Dr. Daniel Carrillo Mendoza, Presidente de la Comisión de Actos Preparatorios del citado pleno jurisdiccional se encargó de leer las pautas metodológicas y estuvo a cargo del debate plenario.

Participaron como expositores los jueces superiores especialistas en los temas, Martín Alejandro Hurtado Reyes, con el tema “Relaciones entre el proceso de ejecución y el procedimiento concursal iniciado respecto a algunos de los ejecutados”.

Asimismo, el doctor Héctor Enrique Lama More (Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima) “Títulos valores que se anexan a la demanda en el proceso de ejecución de garantías, sirven para acredita la fuente de la obligación puesta a cobro y la seguridad documental de la misma como titulo ejecutivo o se adjuntan ejercitando una acción cambiaria. Y con el tema “La Impugnación y nulidad de acuerdos de la Junta General de Accionistas” a cargo del reconocido docente universitario el Dr. Hernando Montoya Alberti.

Respeto de los acuerdos adoptados sobre el tema Relaciones entre el proceso de ejecución y el procedimiento concursal iniciado respecto a algunos de los ejecutados, se acordó por MAYORÍA lo siguiente “No, el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el inciso 2 del artículo 139 de la Constitución impiden que la ejecución de una decisión con autoridad de cosa juzgada pueda verse frustrada por el inicio de un simple procedimiento administrativo”.

Respecto del tema La impugnación y nulidad de acuerdos de junta general de accionistas,  se acordó por MAYORÍA que “No, si las pretensiones se fundan sobre la mismos hechos que hubieran justificado la estimación de la pretensión de impugnación ,aunque la calificación hubiese sido variada en la segunda demanda de nulidad".

Y por último con relación al tema de Títulos valores que se anexan a la demanda en el proceso de ejecución de garantías, sirven para acredita la fuente de la obligación puesta a cobro y la seguridad documental de la misma como titulo ejecutivo o se adjuntan ejercitando una acción cambiaria, el pleno acordó por MAYORÍA que “Que la norma del artículo 720° del Código Procesal Civil (modificado por el Decreto Legislativo N° 1069) exige como un nuevo requisito de procedencia de la demanda de ejecución de garantías, la presentación de un título ejecutivo que acredite la obligación garantizada; y que de ser un titulo valor debe conferir acción cambiaria; por tanto, al presentarse dichos títulos valores en el proceso de ejecución de garantías se está ejercitando una acción cambiaria, siendo procedente entonces verificar (entre otros supuestos) si el titulo valor ha caducado o ha prescrito; porque de ser así, sería improcedente la ejecución de la garantía”.

Es de precisar que el presente pleno jurisdiccional ha sido ejecutado por el Centro de Investigaciones Judiciales en coordinación con la Comisión de Actos Preparatorios del Pleno Jurisdiccional Nacional Comercial y la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, en cumplimiento del Plan Nacional de Plenos Jurisdiccionales 2011 – 2012, aprobado por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial en sesión de fecha 20 de junio de 2011.

Lima, agosto de 2012
Centro de Investigaciones Judiciales

CORTE INTERAMERICANA ESTABLECE QUE NO SE CONSULTÓ PREVIA Y ADECUADAMENTE AL PUEBLO SARAYAKU AFECTANDO SUS DERECHOS A LA PROPIEDAD COMUNAL INDÍGENA

San José, Costa Rica, 25 de julio de 2012.- 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó el día de hoy la Sentencia sobre fondo y reparaciones en el caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador, mediante la cual determinó la responsabilidad internacional del Estado por no haber realizado una consulta previa, libre e informada, de conformidad con los estándares internacionales, en violación de los derechos del Pueblo Sarayaku a la propiedad comunal indígena e identidad cultural, así como por no haberle otorgado una tutela judicial efectiva y por haber puesto en riesgo la vida e integridad personal de sus miembros ante la presencia de explosivos de alto poder en el territorio.
Los hechos de este caso se refieren a una serie de actos y omisiones, por parte del Estado, al haber permitido que una empresa petrolera privada realizara actividades de exploración petrolera en territorio del Pueblo Sarayaku, desde finales de la década de los años 1990, sin haber garantizado su derecho a la consulta previa, libre e informada. Este caso fue presentado a la Corte por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 26 de noviembre de 2010.1
El Tribunal estableció que la obligación de consultar a las Comunidades y Pueblos Indígenas y Tribales sobre toda medida administrativa o legislativa que afecte sus derechos, reconocidos en la normatividad interna e internacional, implica el deber de organizar adecuadamente todo el aparato gubernamental y las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, en particular sus normas e instituciones, de tal forma que la consulta pueda llevarse a cabo efectivamente de conformidad con los estándares internacionales en la materia. De este modo, los Estados deben incorporar esos estándares dentro de los procesos de consulta previa, desde las primeras etapas de la elaboración o planificación de la medida propuesta, a modo de generar canales de diálogos sostenidos, efectivos y confiables con los pueblos indígenas en los procedimientos de consulta y participación a través de sus instituciones representativas. Por ello, en su caso, corresponde también al Estado llevar a cabo tareas de fiscalización y de control en su aplicación y desplegar, cuando sea pertinente, formas de tutela efectiva de ese derecho por medio de los órganos judiciales correspondientes.
La Corte analizó los hechos recapitulando algunos de los elementos esenciales del derecho a la consulta y concluyó que el Estado “no realizó alguna forma de consulta con Sarayaku, en ninguna de las fases de ejecución de los actos de exploración petrolera y a través de sus propias instituciones y órganos de representación”. Se concluyó que ciertos actos de la empresa, que autoridades estatales pretendieron avalar en algunos momentos como formas de consulta, no fueron formas de consulta. Para ser considerada tal, tiene que hacerse de buena fe y de forma adecuada, accesible e informada. Así, la falta de consulta por parte del Estado favoreció un clima de conflictividad, división y enfrentamiento entre las comunidades indígenas de la zona, en particular con el Pueblo Sarayaku. Además, el plan de impacto ambiental fue elaborado sin la participación del Pueblo, por una entidad privada subcontratada por la empresa petrolera sin control estatal, y sin tomar en cuenta la incidencia social, espiritual y cultural que las actividades previstas podían tener sobre Sarayaku. Fueron también afectados sitios de especial valor cultural, por lo que la falta de consulta afectó también su identidad cultural.
Así, la Corte determinó que el Estado es responsable por la violación del derecho a la propiedad comunal del Pueblo Sarayaku, en relación con el derecho a la identidad cultural y las obligaciones de respetar los derechos y adoptar disposiciones de derecho interno. Además, por no haber desactivado totalmente el riesgo generado por la introducción de explosivos en el territorio, el Estado es responsable de haber puesto gravemente en riesgo los derechos a la vida e integridad personal de sus miembros. Por otro lado, el Tribunal encontró que las autoridades estatales no actuaron con la debida diligencia en relación con varias denuncias sobre alegadas agresiones o amenazas a integrantes del Pueblo Sarayaku y que el Estado no le garantizó una tutela judicial efectiva, pues el recurso de amparo interpuesto y una medida precautoria dictada por un juez interno, no fueron efectivos.
Por último, además de considerar que la Sentencia constituye per se una forma de reparación, el Tribunal ordenó, entre otras, y como medidas de reparación, que el Estado debe: a) neutralizar, desactivar y, en su caso, retirar la pentolita en superficie y enterrada en el territorio del Pueblo Sarayaku, con base en un proceso de consulta con el Pueblo; b) consultar al Pueblo Sarayaku de forma previa, adecuada, efectiva y de plena conformidad con los estándares internacionales aplicables a la materia, en el eventual caso que se pretenda realizar alguna actividad o proyecto de extracción de recursos naturales en su territorio, o plan de inversión o desarrollo de cualquier otra índole que implique potenciales afectaciones a su territorio; c) adoptar las medidas legislativas, administrativas o de otra índole que sean necesarias para poner plenamente en marcha y hacer efectivo el derecho a la consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas y tribales, para lo cual debe asegurar la participación de las propias comunidades; d) implementar programas o cursos obligatorios que contemplen módulos sobre los estándares nacionales e internacionales en derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas, dirigidos a funcionarios militares, policiales y judiciales, así como a otros cuyas funciones involucren relacionamiento con pueblos indígenas; e) realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por los hechos del caso; f) realizar publicaciones de la Sentencia; g) pagar las cantidades fijadas por concepto de indemnizaciones por daños materiales e inmateriales, y por el reintegro de costas y gastos.
La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta Sentencia y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma.
La composición de la Corte para la emisión de esta Sentencia fue la siguiente: Diego García-Sayán (Perú), Presidente; Manuel E. Ventura Robles (Costa Rica), Vicepresidente; Leonardo A. Franco (Argentina); Margarette May Macaulay (Jamaica); Rhadys Abreu Blondet (República Dominicana); Alberto Pérez Pérez (Uruguay); y Eduardo Vio Grossi (Chile).
El texto íntegro de la Sentencia y el resumen oficial de la misma pueden consultarse en el siguiente enlace: http://www.corteidh.or.cr/casos.cfm
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Para mayor información favor de dirigirse a la página de la Corte Interamericana http://corteidh.or.cr/index.cfm o envíe un correo dirigido a Pablo Saavedra Alessandri, Secretario, a la dirección corteidh@corteidh.or.cr.

SENTENCIA PREPARACION DE CLASES TREINTA POR CIENTO REMUNERACION TOTAL MAGISTERIO ZOILA PAULA RODRIGUEZ SANTOS DE RIVERA

SENTENCIA PREPARACION DE CLASES TREINTA POR CIENTO REMUNERACION TOTAL MAGISTERIO ZOILA PAULA RODRIGUEZ SANTOS DE RIVERA

5° JUZGADO DE TRABAJO - Sede Central

EXPEDIENTE: 01055-2012-0-0401-JR-LA-05

MATERIA: ACCION CONTENCIOSA
ADMINISTRATIVA

ESPECIALISTA: HUARANGA ARIAS, RUTH MARY

DEMANDADO: PROCURADOR PUBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA: UGEL AQP NORTE

DEMANDANTE: RODRIGUEZ SANTOS DE RIVERA, ZOILA PAULA

RESOLUCIÓN NRO. 06-2012

SENTENCIA NRO.  0510 – 2012

Arequipa, dos mil doce,

Julio, veintitrés.

En Audiencia pública, con el informe oral presentado por el señor abogado de la parte demandante. VISTOS: Por escrito corriente de foja 16 a 25, doña ZOILA PAULA RODRIGUEZ SANTOS DE RIVERA interpone demanda en contra de la UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL AREQUIPA NORTE, a fin se ordene a la demandada cumpla con abonar a la recurrente en la forma correcta y en el monto dispuesto por ley, el pago de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación calculada al treinta por ciento de la remuneración total íntegra, desde la vigencia de la bonificación (veintiuno de mayo de mil novecientos noventa) en su condición de profesora cesante del magisterio; así como el pago de los intereses legales de las sumas devengadas.-.-.-.-.-.-.-.

FUNDAMENTOS DE HECHO DE LA PRETENSIÓN.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Señala la demandante que conforme la transcripción de la Resolución Directoral Nro. 1974-1967, se le nombra como profesora del magisterio a partir de junio de mil novecientos sesenta y siete y que mediante Resolución Directoral Nro. 376-1990, se le cesa como docente del magisterio, a partir del treinta y uno de julio de mil novecientos noventa. Que como docente pensionista  se le ha reconocido el otorgamiento de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación equivalente al treinta por ciento de la remuneración total; sin embargo, sólo se le paga dicha bonificación en función a la remuneración total permanente, es decir no se le está pagando conforme lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 24029.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

DE LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

De folio 37 a 38 corre el escrito presentado por la Procuradora Pública Regional Adjunta a cargo de los Asuntos Judiciales del Gobierno Regional de Arequipa, quien se apersona en representación de la demandada; declarando expresamente su voluntad de allanarse a las pretensiones de la demanda, reconociendo el derecho de la parte demandante a que se le otorgue la bonificación especial dispuesta por el articulo 48 de la Ley 24029 en base a la remuneración total íntegra.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

ACTIVIDAD  PROCESAL.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

La demanda fue admitida mediante resolución uno (folio 24), en tanto que el allanamiento a la misma es admitida por resolución dos (folio 37); disponiendo la remisión del expediente al Ministerio Público, para la emisión del dictamen correspondiente, el mismo que corre en autos de folio 69 a 71, por tanto corresponde expedir sentencia conforme lo dispuesto en la resolución siete de folio 72; y .-.-.-.

CONSIDERANDO.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

PRIMERO.- FINALIDAD DE LA ACCIÓN CONTENCIOSA – ADMINISTRATIVA. Que, tal como lo establece el artículo 1° de la Ley 27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo - la acción contencioso administrativa prevista en el artículo 148° de la Constitución Política del Perú, tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la administración pública, sujetas al derecho administrativo y a la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados. Asimismo el artículo 3° de la citada ley establece que las actuaciones de la administración pública sólo pueden ser impugnadas en el proceso contencioso administrativo, salvo los casos en que se pueda recurrir a los procesos constitucionales.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

SEGUNDO.- CUMPLIMIENTO DE LA LEY O ACTO ADMINISTRATIVO. Que, conforme lo dispone el inciso 4 del artículo 5 del Texto Único Ordenado de la Ley 27584 (Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS), en el proceso contencioso administrativo podrán plantearse pretensiones con el objeto de obtener se ordene a la administración pública la realización de una determinada actuación a la que se encuentre obligada por mandato de la ley o en virtud de acto administrativo firme. Estableciendo la misma norma, en la parte pertinente del inciso 2 del artículo 21, que el interesado deberá reclamar por escrito ante el titular de la respectiva entidad el cumplimiento de la actuación omitida y si en el plazo de quince días a contar desde el día siguiente de presentado el reclamo no se cumpliese con realizar la actuación administrativa podrá presentar la demanda correspondiente. Que, en el caso de autos se tiene que la parte  demandante ha cumplido con este requisito, tal como se desprende del documento que corre de folio 3 a 5.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

TERCERO.- LO QUE PRETENDE LA PARTE DEMANDANTE. Que, en el caso de autos la parte demandante pretende se ordene a la demandada cumpla con abonar a la recurrente en la forma correcta y en el monto dispuesto por ley, el pago de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación calculada al treinta por ciento de la remuneración total e íntegra, desde la vigencia de la bonificación (veintiuno de mayo de mil novecientos noventa) en mi condición de profesora cesante del Magisterio; así como el pago de los intereses legales de las sumas devengadas.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

CUARTO.- ANTECEDENTES. De lo actuado en el proceso se tiene lo siguiente: a) Según la Resolución Directoral 1974 (folio 6), la parte demandante fue nombrada a partir del primero de junio de mil novecientos sesenta y siete, como profesora de aula; b) Según Resolución Directoral 0376 de folio 8, la parte demandante fue cesada al treinta y uno de julio de mil novecientos noventa como profesora de aula; c) Según las copias certificadas de las boletas de pago corrientes de folio 10 a 11,  correspondientes a meses posteriores a su cese, la parte demandante viene percibiendo la bonificación especial referida.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

QUINTO.- DELIMITACIÓN DEL PETITORIO. De lo expuesto en la demanda y sin perjuicio del allanamiento efectuado por la demandada, podemos establecer que el tema en conflicto en el presente proceso está referido a determinar si para efectos de la bonificación especial materia de análisis corresponde considerarse la remuneración total o íntegra como lo establece el artículo 48 de la Ley del Profesorado o la remuneración total permanente como lo establece el artículo 9 del Decreto Supremo 051-91-PCM. Resulta necesario recalcar que el presente caso no se trata de uno de nivelación de pensiones, ni tampoco de supuesta disparidad pasada, sino de recálculo del derecho ya reconocido por la administración.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

SEXTO.- NORMA QUE CORRESPONDE APLICARSE. Que, el primer párrafo del artículo 48° de la Ley 24029 dispone: “El profesor tiene derecho a percibir una bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total.” (resaltado nuestro). En tanto que el artículo 10° del Decreto Supremo 051-91-PCM dispone: “Precisase que lo dispuesto en el artículo 48° de la Ley del Profesorado número 24029 modificada por Ley 25212, se aplica sobre la Remuneración Total Permanente establecida en el presente Decreto Supremo” (resaltado y cursiva nuestros). Que, la Constitución Política del Perú de mil novecientos setenta y nueve, no otorgó rango legal al Decreto Supremo 051-91-PCM, ello en razón de no existir disposición legal en ese sentido. En el caso de la Constitución actual, en el inciso 19 del artículo 118 prescribe que corresponde al Presidente de la República “dictar medidas extraordinarias, mediante Decretos de Urgencia con fuerza de ley, en materia económica y financiera, cuando así lo requiere el interés nacional y con cargo de dar cuenta al Congreso. El Congreso puede modificar o derogar los referidos decretos de urgencia”. Estando a lo expuesto resulta evidente que el Decreto Supremo 051-91-PCM no podía derogar y/o modificar la ley 24029, ya que según la Constitución de mil novecientos setenta y nueve, los Decretos Supremos (como el 051-91-PCM) no tenían rango o fuerza de ley. Asimismo, debe tenerse presente que el artículo 138 de la Constitución vigente, en su segundo párrafo, prescribe que en todo proceso, al existir incompatibilidad entre la aplicación de una norma constitucional y una legal debe preferirse la primera, debiendo igualmente preferir la norma legal respecto de cualquier otra de rango inferior; por tanto, el porcentaje del treinta por ciento por la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación debe otorgarse conforme lo establece el artículo 48 de la Ley 24029, esto sobre la base de las remuneraciones totales. A lo señalado debe agregarse que el artículo 26, numeral 3, de la Constitución Política actual, establece que en la relación laboral se respetan los principios (…) interpretación favorable al trabajador en caso de duda insalvable sobre el sentido de una norma. De este principio[1] y del principio protector del derecho laboral se deriva el principio de condición más beneficiosa, según el cual se debe respetar las condiciones más beneficiosas disfrutadas por los trabajadores con anterioridad al cambio normativo o contractual, imposibilitando de que una norma posterior empeore las condiciones reguladas por aquella que deroga o modifica; es decir, las nuevas normas deberán respetar las condiciones y derechos preexistentes. En tal razón, resulta inconstitucional la derogación o modificación in peius de normas laborales. Por tanto, en el presente caso, el artículo 48 de la Ley 24029, vigente desde el quince de diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro, no puede ser modificado in peius por una norma posterior de rango inferior, como el Decreto Supremo 051-91-PCM en cuanto dispone que la bonificación reclamada se otorga en base a la remuneración total permanente, ya que ello no sólo resulta ilegal porque contraviene la Ley del Profesorado, sino inconstitucional por cuanto contraviene los principios laborales señalados reconocidos en el acotado artículo 26. A lo señalado debe agregarse que en ejecutorias uniformes emitidas en reiteradas y diversas resoluciones de la Corte Suprema, así como en la Jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional, tales como las expedidas en los expedientes dos mil ochocientos cuarenta y ocho – dos mil dos - AC/TC, dos mil doscientos cincuenta y siete - dos mil dos - AA/TC y dos mil trescientos setenta y dos – dos mil tres- AA/TC, tres mil novecientos cuatro - dos mil cuatro - AA/TC[2]; y, la casación cuatrocientos treinta y cinco – dos mil ocho - Arequipa, ha quedado claramente establecido que corresponde aplicar las bonificaciones sobre la base de la remuneración total o íntegra.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

SEPTIMO.- Que, estando a lo referido en los considerandos precedentes y habiendo la parte demandante efectuado el requerimiento a la administración del pago de la bonificación especial, corresponde disponer que la misma sea abonada tomando como base el treinta por ciento de la remuneración total o íntegra y no sobre la remuneración total permanente como se viene realizando. En tal sentido, corresponde disponer que la demandada emita resolución en tal sentido.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

OCTAVO.- EN CUANTO A QUE LA MISMA SEA RETROACTIVA AL VEINTIUNO DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA. Estando a lo dispuesto en la Resolución Directoral 1974 de folio 6, que resuelve nombrar a la demandante como profesora de aula a partir del primero de junio de mil novecientos sesenta y siete; a la vigencia de la Ley 25212, modificatoria del articulo 48 de la Ley 24029 y conforme a lo solicitado por la demandante, corresponde otorgar la bonificación especial por preparación de clases y evaluación de clases calculada al treinta por ciento de la remuneración total íntegra desde el veintiuno de mayo de mil novecientos noventa en adelante, deduciéndose los pagos efectuados por tal concepto.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

NOVENO.- INTERESES. En cuanto al pago de intereses, habiéndose establecido que a la parte demandante le corresponde se le abone la bonificación en la forma detallada, debe disponerse, además, se abone los intereses legales conforme al artículo 1242° del Código Civil; ello, teniendo en consideración que el pago defectuoso y tardío respecto de la bonificación conlleva una afectación a la esfera de sus derechos fundamentales de la parte actora, el que debe ser resarcido con los intereses aplicables a la suma pagada en mora; situación que además lo establece el inciso 2° del artículo 41° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 (aprobado por el Decreto Supremo 013-2004-JUS) en cuanto señala que la sentencia que declare fundada la demanda podrá decidir en función de la pretensión planteada el restablecimiento o reconocimiento de una situación jurídica individualizada.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

DÉCIMO.- EXONERACIÓN DE GASTOS DEL PROCESO. En cuanto a las costas y costos, de conformidad con lo establecido en el artículo 50° del Texto Único Ordenado de la Ley 27584, las partes en los procesos contenciosos administrativos no pueden ser condenadas a su pago.-

Por estos fundamentos administrando justicia a nombre del Pueblo.-.-.-.-.-.-.-.-.

FALLO: Declarando FUNDADA la demanda interpuesta por doña ZOILA PAULA RODRIGUEZ SANTOS DE RIVERA en contra de la UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL AREQUIPA NORTE, con emplazamiento del Procurador Público de Asuntos Judiciales del Gobierno Regional de Arequipa, sobre acción contenciosa administrativa; en consecuencia, DISPONGO: Que la entidad demandada – en el plazo de quince días - cumpla con expedir nueva resolución disponiendo el pago a la recurrente de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación correspondiente al treinta por ciento de la remuneración total íntegra, debiendo otorgar los reintegros generados e intereses legales desde el veintiuno de mayo de mil novecientos noventa. Precísese que el funcionario responsable de la ejecución de la presente sentencia, es el Director de la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Norte, quien en todo caso deberá proceder conforme a los artículos 45, 46 y 47 del Texto Único Ordenado de la Ley 27584, siéndole de aplicación los apremios previstos en dichos dispositivos. Sin costas ni costos. Esta es la sentencia que pronuncio, mando y firmo en la Sala del Despacho. Debiendo notificarse al representante del Ministerio Público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 16 del TUO de la Ley 27584. Tómese razón y hágase saber.

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[1] STC 2132-2003-AA/TC- Piura.

[2] Publicadas en la página Web del referido Tribunal Constitucional